Autoridades escolares de San Diego reaccionan tras detención de niño haitiano de 8 años por ICE

Un niño haitiano de 8 años que perdió su estatus de protección a principios de este año quedó bajo custodia federal tras un control de inmigración la semana pasada en San Diego, según funcionarios federales y del distrito escolar.

El niño, cuya identidad no se ha dado a conocer públicamente, quedó bajo custodia del gobierno durante un control de rutina el 5 de noviembre, según informó un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

El portavoz explicó que un hombre que se presentó con el niño ese día se identificó como su tío, pero no pudo demostrar la tutela legal, lo que llevó a los agentes a tomar al niño bajo su cuidado en virtud de la Ley de Protección de Víctimas de Trata, una ley que exige que los menores no acompañados sin padres ni tutor legal sean transferidos a la custodia del gobierno federal.

“Por precaución y para garantizar la seguridad del niño, ICE determinó que lo mejor era sacarlo del hogar y ponerlo al cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados”, se lee en el comunicado.

El portavoz indicó que el niño fue traído a EE. UU. con un hombre que se identificó como su padre.

“Su padre nunca ha estado bajo custodia de ICE y fue deportado previamente a México” por la Patrulla Fronteriza, escribió el portavoz en el comunicado. No está claro por qué el padre del niño fue deportado a México.

Las autoridades del Distrito Escolar Unificado de San Diego destacaron el caso del niño en una carta del 6 de noviembre dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

La superintendente del condado de San Diego, Fabi Bagula, escribió en la carta que el niño cursa tercer grado en la Escuela Primaria Fay y es uno de los muchos niños y familias cuya educación y bienestar se han visto afectados por la revocación de su estatus de protección temporal.

La administración de Trump puso fin al estatus de protección de 350,000 haitianos el año pasado. Un juez federal de distrito bloqueó temporalmente la medida durante casi cinco meses antes de que la Corte Suprema confirmara la orden de Trump en junio, lo que permitió la expulsión de cientos de miles de haitianos en Los Ángeles y San Diego.

En su carta, Bagula explicó que cuando las familias son separadas, desplazadas, detenidas o expulsadas de sus comunidades, a menudo son las escuelas las que deben hacer frente al trauma y a la interrupción educativa resultantes.

“Estas circunstancias exponen a los niños a un riesgo significativo de retroceso académico, problemas de salud mental e inestabilidad a largo plazo”, escribió Bagula.

Señaló que el tío del niño estaba angustiado y que el niño ahora tenía que soportar el impacto emocional de estar separado de su familia, la interrupción de su educación y la pérdida de estabilidad en su rutina diaria. El distrito escolar también tuvo que enviar consejeros de crisis a la escuela del niño porque otros estudiantes habían expresado preocupación por su compañero de clase.

Bagula exigió que el gobierno federal “modifique sus políticas y procedimientos que afectan a los niños en edad escolar que quedan bajo la custodia o el cuidado del gobierno”.

Afirmó que, como mínimo, se debería prestar mayor atención a la continuidad educativa de esos estudiantes y presentó un conjunto de recomendaciones que incluyen trabajar más de cerca con los distritos escolares y mantener a los estudiantes bajo custodia del gobierno más cerca de sus comunidades.

“Siempre que sea posible, ubiquen a los niños con familiares autorizados, familias de acogida o proveedores de cuidado temporal ubicados dentro del área de asistencia de sus escuelas actuales”, escribió.

La carta fue firmada por miembros de los distritos escolares, sindicatos que representan a miles de maestros, auxiliares escolares y administradores, así como por el concejal de San Diego, Sean Elo-Rivera.